El esquema de retención de dinero de subalternos que lleva a juicio al senador Carlos Abraham Jiménez

Cada fin de mes y durante cuatro años, la práctica habría sido la misma: Noralba García Moreno, quien fue concejala y secretaria departamental del Valle, le pedía su conductor que fuera a un cajero Bancolombia y retirara todo el sueldo de María Juliana Abadía Abadía, asesora grado tres de la Unidad de Trabajo Legislativo del congresista de Cambio Radical Carlos Abraham Jiménez López. Como el tope máximo por día eran 600.000 pesos, la tarea tomaba varios días.

Abadía, economista de profesión, llegó a la UTL de Jiménez López el 31 de julio de 2014. Allí trabajó hasta el 19 de julio de 2018. Su salario básico era de 6.160.000 millones con primas y prestaciones de ley. Según las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia, Abadía nunca manejó su sueldo, pues este habría sido producto de un pacto criminal: ella en realidad no ejercía labores de asesoría, ni asistía a su puesto de trabajo, ni conocía a sus supuestos compañeros.

Se trataría de un nombramiento ficticio, una práctica ilegal pero conocida en el Congreso, en el que representante o senador acredita falsamente que una persona en efecto ejerció labores en la UTL y esta gana el salario correspondiente. En el caso de Abadía, se trataría de más de 346 millones de pesos, razón por la cual la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió acusar a Jiménez López por los delitos de peculado por apropiación agravado y falsedad ideológica en documento público.

CAMBIO tiene en su poder el expediente completo de la Corte Suprema que afirma que Jiménez López sí conocía de la desviación de los recursos a terceros. Este ingeniero eléctrico con interés en temas económicos es un político del Valle del Cauca con 15 años de experiencia en el Congreso. Llegó a la Cámara de Representantes por Cambio Radical en 2010 e hizo el paso al Senado en 2018. Hoy, insiste en que es inocente, que la acusación se sustenta en meros indicios y que nunca se quedó con dinero de sus asesores.

La cuenta alterna

Para la Corte Suprema, en cambio, hay evidencias que apuntan a que el delito sí existió. Todo se remonta a 2014. Abadía dijo que ella ya tenía una cuenta personal y que, en vez de recibir allí su salario, prefirió abrir otra para que le hicieran los depósitos del Congreso.

Pero la Corte comprobó, con los debidos registros, que realmente la primera cuenta que ella abrió, el primero de agosto de 2014, fue que la que usó para recibir la nómina del Congreso. Y que, una segunda cuenta, que se abrió el 29 de octubre, apenas tres meses después, es justamente la que Abadía llama “personal”. En dicha cuenta apenas hubo consignaciones: dos en 2014, siete en 2016, 19 en 2017 y 22 en 2018, por valores entre los 50.000 y los 360.000 pesos.

Según Abadía, ella prefería disponer de dos cuentas para no desordenarse con las finanzas, ya que también tenía un emprendimiento de accesorios. Según le dijo a la justicia, su ahorro no lo hacía tampoco en esa cuenta alterna, sino que prefería tener el dinero “en su casa, en una cajita”. Es decir: según Abadía, ella usaba su salario como integrante de la UTL como ahorro o para invertir en su emprendimiento, prefería tratarlo en efectivo. Por eso lo sacaba completo, mientras que en su cuenta personal estaba el dinero “para mis gastos semanales y personales”.

Este ya un elemento sospechoso. Además, a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le llamó la atención que la economista no hiciera los retiros de dinero ella misma, sino que le pidiera el favor a terceros argumentando que sus familiares habían tenido problemas de seguridad y robos y le daba miedo hacerlo sola.

En su primera declaración, la mujer dijo que ella le pidió el favor a Noralba García Moreno unas “dos o tres veces”, dado que ella tenía esquema de seguridad. Señaló que el chofer la acompañaba o “alguien de seguridad”. En una segunda visita a la Corte, Abadía dijo que ella no iba a cajeros, que no retiraba el dinero de esa cuenta. Afirmó que le encomendó esa labor a García y que ese “favor” se lo hicieron hasta 2018. Entre tanto, el chofer de García dijo que su jefe le daba a él una tarjeta Davivienda y una Bancolombia a finales de mes, con sus respectivas claves, y que su tarea era sacar el dinero.

Esto se hizo, aun cuando Noralba García pasó de ser concejala a secretaria de Gobierno en 2016. García dijo que sólo le hizo el favor a Abadía porque ella no le podía dar órdenes a su conductor: “cuando me pedía el favor a mí, yo le pedía el favor a Daniel que retirara”, dijo al insistir en que eran solo favores. Pero para la Corte esa versión no es creíble, sino que se trataba de una rutina específica y que la hipótesis más realista es que la asesora María Juliana Abadía Abadía no tenía el dominio de la cuenta, sino que desde el comienzo entregó su tarjeta de débito y su clave a García, para que ella, a través de su chofer, sacara el dinero cada mes para usarlo a su arbitrio.

¿Cuánto dinero fue? Según certificado de la Sección de Pagaduría y de la Sección de Registro y Control de la Cámara de Representantes, Abadía Abadía devengó (con los descuentos de ley) desde el 1 de agosto de 2014 al 31 de diciembre de 2015 107.585.011 millones de pesos; en 201, un total de 83.066.021 millones de pesos; en 2017 fueron 93.668.181 millones de pesos y en 2018 fueron 62.433.076; para un total de 346.752 millones de pesos.

El nombramiento irregular y las traducciones

La acusación en poder de CAMBIO afirma que todo el salario percibido por Abadía fue extraído por terceras personas, menos la plata correspondiente a la liquidación de la asesora, quien sí se gastó ese dinero y lo transfirió a su cuenta personal, según ella misma contó.

El expediente salpica a Noralba García, reconocida en el Valle por su trayectoria, quien se considera mentora del congresista Carlos Abraham Jiménez y quien no tenía un esquema de seguridad para esa época. Ella -dice la acusación- hizo el manejo autónomo e independiente del dinero consignado a Abadía, lo cual solo era posible después que el congresista certificara que la asesora sí hacía sus funciones de la UTL.

Para la Corte, entonces, desde el comienzo hubo una intención para nombrar a Abadía con este fin, y a cambio la economista quedaba con el cubrimiento de salud y de pensiones. Para la Sala, las inconsistencias son múltiples, desde la manera en que la economista llegó a la UTL.

Por un lado, Abadía dijo que conoció al congresista en conversatorios. Allí se le presentó y manifestó su deseo de trabajar con él, entregándole su hoja de vida. Aseguró que Jiménez la llamó y le dio la oportunidad para trabajar como asesora en Cali. Jiménez, por su parte, dijo que necesitaba una buena economista para su equipo, que le pidió sugerencias a Leonor Abadía, tía de María Juliana y profesora de su hermano.

Abadía llegó como economista bilingüe con experiencia en el sector privado, que se remonta a la administración de la avícola El Encanto, que es de su familia, hasta agosto de 2014. El congresista dijo que vio su hoja de vida, que estaba relativamente recién graduada, que quería meterse en lo público y que era de una familia prestante en el Valle, por lo cual su interés no era el dinero.

Según la Sala de Instrucción, realmente ninguno de los dos pudo afirmar con solidez las razones por las cuales Abadía fue designada en la UTL ni las labores que ella realizó. Según los testimonios recopilados por la Corte, la mujer trabajaba en la oficina del antiguo edificio de la Beneficencia del Valle en Cali, como apoyo para Jiménez en esa ciudad. Abadía dijo que esa oficina era del congresista. Este último lo nego y dijo que, por termas de seguridad, él no tenía oficina propia en Cali sino que usaba las de terceros y se reunía en hoteles o restaurantes. Y Noralba García aseguró que fue el congresista el que le pidió que le abriera un espacio en su oficina a María Juliana.

Según Abadía, ella no tenía un horario fijo. A veces no iba a la oficina porque “si el tema era muy extenso pues lo tenía que terminar en mi casa”. Asistía al lugar generalmente de lunes a miércoles. Allí se reunían los jueves, cuando Jiménez llegaba de Bogotá. En contradicción, dice la Corte, Jiménez afirmó que la frecuencia con la que veía a Abadía cambiaba, que podía ser cada 15 días o un mes, dependiendo de la actividad legislativa y temas de la ciudad.

El congresista insistió en que él tenía un esquema descentralizado en su UTL, que priorizaba el Valle, que Abadía le ayudaba con traducciones de documentos, que su conocimiento sobre el entorno local le servía, así como su bien relacionamiento. Abadía dijo que hacía análisis político y legislativo sobre asuntos de impacto para el Valle, que sus tareas no requerían su presencia en Bogotá, entre otros. Pero para la Sala, todas estas afirmaciones pretenden ocultar la verdad y son inconsistentes en señalar temas básicos: desde donde se trabajaba, quienes pueden acreditar la presencia de Abadía en ese lugar y las labores a desempeñar.

De hecho, la Corte insiste en que ella misma y el procesado indicaron que las labores incluían la consulta de datos por internet, para que Jiménez tuviera claridad sobre ciertos asuntos o el seguimiento de audiencias en el Congreso por Youtube, por lo cual no era un trabajo que exclusivamente se tuviera que hacer en Cali.

En concreto, Abadía dijo que, por el inglés, hacía tradiciones, que estaba siempre actualizándose con informaciones “sobre todo el énfasis económico de los temas”, que manejaba una agenda con los comerciantes del centro, con los industriales de ACOPI y que hacía análisis del sector, entre otros. Jiménez dijo que puso a Abadía a hacer acompañamiento a “los temas del bloque de congresistas”, que era lo más importante para él y, en específico, a hacer el seguimiento de obras. Es decir, que tenía que hacer llamadas y entregarle a él datos claros sobre cómo iban obras y que faltaba para organizar él su agenda en Bogotá.

Preguntada por la Corte sobre ello, Abadía dijo que del bloque parlamentario solo manejaba alguna información, pero no manejarlo como tal. El congresista insistió en que él hizo debates de control político con datos que la economista le suministraba y que le pedía ver los debates del presupuesto general porque él no era parte de las comisiones económicas, entre otros. En últimas, para la Sala los testimonios no son convincentes, ni se acoplan uno al otro, ni hay argumentos que evidencien que se hayan cumplido con los requisitos para predicar la legalidad del nombramiento y del ejercicio del cargo de María Juliana Abadía y para que lo pudiera hacer desde Cali.

La Corte indicó que de 13 proyectos de ley aprobados con ponencia de Jiménez cuando fue representante, entre 2014 y 2018, este no refirió en su defensa en la Corte cuál fue el aporte de Abadía, o su intervención, o qué estudios o análisis le aportó. En cambio, insiste el documento, la defensa del congresista se limitó a decir que ella sí trabajó.

Con todos estos elementos, la Sala de Instrucción insistió en que hay evidencia suficiente para determinar que realmente María Juliana Abadía no desarrolló sus funciones que, por ley, deben ser de tiempo completo, so pena de incurrir en falta disciplinaria. También apunta a que la mujer no manejó el dinero percibido, que entregó su tarjeta débito, que creó una cuenta solo para ello y que el direccionamiento de dineros públicos es irregular, siendo el congresista Carlos Abraham Jiménez quien tenía la disposición funcional de los recursos de su UTL.

No sólo Abadía no registra ingresos al Congreso entre 2014 y 2018, sino que nunca tuvo un correo institucional ni era conocida por los otros integrantes de la UTL en Bogotá, ni ella conocía a los que trabajaban en Cali y tampoco aparecen registros de que la mujer hubiera ido al edificio de la Beneficencia del Valle. Esta acusación puede ser objeto de un recurso por parte de la defensa del senador Carlos Abraham Jiménez. De quedar en firme, irá a juicio ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

He sido notificado de una acusación de la Corte Suprema. Tengo la tranquilidad de mi inocencia y la convicción de que la verdad siempre prevalece. Seguiré cumpliendo mi deber como Senador, defendiendo a mi región y a Colombia. pic.twitter.com/pQBgF2b049

— Carlos Abraham Jiménez López (@AbrahamJimenezL) August 21, 2025

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