La codiciada ley de competencias: Gobierno anticipa el proyecto que redistribuye recursos a las regiones y en el Congreso pedirán más autonomía

En la legislatura pasada, el Congreso le dio el visto bueno a una de las principales modificaciones a la estructura del Estado en los últimos años. Se trata de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que duplica los recursos que reciben las regiones y obliga a reorganizar el tablero de tareas que tendrá el Estado y los entes territoriales.

Hoy, la nación le transfiere un 23 por ciento de los ingresos corrientes a los entes territoriales. Pero esos recursos deben ser destinados para atender necesidades básicas en educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Con la reforma, las regiones pasarán a recibir un 39,5 por ciento de los recursos de la nación. Ese incremento deberá ser gradual en un periodo de 12 años. Aunque parece una cifra suelta, implica una mayor distribución de los recursos y se convierte en uno de los cambios más significativos de la nación en los últimos años.

Es esa la tarea que ahora tiene el Gobierno: presentar ante el Congreso la ley de competencias, que es la segunda parte de la reforma al SGP. Sin ella no podría ponerse en marcha la mayor inyección de recursos para los entes territoriales. ¿En qué consiste esa ley, en qué va el trámite y qué cambios propondría?

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De comités, cambio de ministerio y propuestas: las demoras de la ley de competencias

El ministro Benedetti dejó claro desde abril de este año que el proceso de la ley de competencias no sería fácil. ¿La razón? Todos los sectores van a pedir más recursos y la nación podría quedar en aprietos.

“La verdadera descentralización del Estado está en la distribución de los recursos. El aumento gradual va a permitir que los territorios puedan hacer sus propias inversiones y obras. Para eso hay que ser más generosos entre los que ya están en la bolsa y los que van a ceder nuevos recursos. Para que sea un ejercicio de participación, todos tienen que empezar a ceder”, dijo entonces el ministro del interior.

Justo eso es lo que ha demorado la construcción del texto y el trámite de presentación del proyecto de ley ante el Congreso, porque se esperaba que fuese el pasado 20 de julio. Sin embargo, hasta ahora el texto no ha llegado.

De acuerdo con funcionarios cercanos al proceso de construcción del proyecto, el Gobierno recibió varias propuestas, entre esas la de la Federación Nacional de Departamentos (FND). Con esos textos como base, se creó un comité en el que está la cartera del Interior, la de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), con unos subcomités de educación, salud y vivienda.

La creación de ese comité fue uno de los temas en discordia. Primero, porque cuando Juan Fernando Cristo estaba en el Ministerio del Interior, él fue el encargado de dirigir la discusión inicial de la reforma al SGP. Pero ahora, con la ley de participaciones y con la tarea de distribuir recursos, la bandera del proyecto la tomó el Ministerio de Hacienda.

“Se han hecho algunas reuniones en las que también han participado integrantes del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación. Y están avanzando en la construcción del texto”, le dijo a este medio uno de los asistentes a una reunión de la comisión.

Según confirmó otro congresista cercano a la construcción del proyecto y quien también prefirió no ser citado, el texto que salió de esa comisión ya tiene el visto bueno del presidente Gustavo Petro, presentarán el borrador de la ley este 6 de agosto y se espera que el articulado sea radicado entre el 11 y el 18 de agosto.

La jornada concluyó con tres puntos:

1️⃣ Presentar mañana, a las 2:00 p. m., el borrador del Proyecto de Ley de Competencias para someterlo a consulta previa.

2️⃣ Contar con la presencia del ministro del Interior, @AABenedetti, para la entrega formal del documento, como lo… pic.twitter.com/JwyGrFyYBv

— MinInterior Colombia (@MinInterior) August 6, 2025

Hasta ahora, dos congresistas le confirmaron a CAMBIO que el texto propone una distribución más mesurada de la que esperaban los parlamentarios que piden más autonomía territorial.

“Lo que conocemos del texto es que sigue siendo muy centralista. Están hablando de transferencias sectoriales. Es decir, les transfieren recursos a los territorios y les dicen a los departamentos que solo pueden invertirlos en agua potable, vivienda y saneamiento básico. Mientras que nosotros pedíamos que fuese de carácter más territorial. En otras palabras, que la nación gire los recursos y establezca prioridades, pero que los departamentos y municipios puedan tener la iniciativa y definir en qué invertir los recursos”, le dijo a este medio el senador Guido Echeverry, uno de los autores de la reforma al SGP.

En efecto, esa será una de las discusiones que agitará el Congreso, porque además del monto de los recursos, los congresistas pedirán mayor autonomía para sus territorios y que sean los entes territoriales los que puedan definir cómo se invertirán los nuevos ingresos.

Sin embargo, es claro que los recursos que se giran a través del SGP deben ser destinados a cubrir necesidades en salud, educación, servicios públicos y saneamiento básico, como está en el artículo 356 de la Constitución. Entonces, la posibilidad de invertir esos dineros para otros sectores no es del todo clara.

En todo caso, congresistas cercanos al Gobierno también le confirmaron a CAMBIO que el proyecto que prepara el Ejecutivo va en un sentido mucho más conservador, si se le compara con lo que quieren los que defienden una “mayor autonomía”.

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Mientras el texto llega, el proyecto parece tener las puertas abiertas, porque un gran sector entre los parlamentarios ha dejado claro que acompañará esta iniciativa.

Eso sí, hay alertas frente a las nuevas competencias que tendrán departamentos, municipios y la nación; así como la distribución de los recursos, porque de esto último dependen la estabilidad fiscal, según los economistas.

De acuerdo con Fedesarrolllo, si no hay reglas claras para cada entidad y si el incremento de recursos que se transfieren a los territorios se traduce en nuevo gasto para la nación, el SGP llegaría a pesar el 27,8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2027. Es decir, casi 3 de cada 10 pesos con los que cuenta el país.

Además, el centro de estudios económicos alertó que “el déficit fiscal del país podría llegar a 3,7 por ciento del PIB en 2027 y se podría generar un deterioro progresivo hasta del 5,2 por ciento en 2038”. Estas mayores presiones de gasto, según Fedesarrollo, se traducirían en un incremento sostenido de la deuda del Gobierno central y la llevarían cerca del límite máximo del 71 por ciento del PIB que es capaz de manejar la economía colombiana.

No obstante, aquellos que defienden la autonomía territorial, como el exministro del interior Juan Fernando Cristo, aseguran que con una correcta distribución de tareas, se lograría una verdadera descentralización.

Aunque es claro que hay un ambiente positivo para el proyecto, algunos congresistas prefieren no cantar sus votos, porque quieren tener claridad sobre las competencias que traerá el texto para los entes territoriales y la nación. Por lo pronto, si el proyecto llega, se avecina una agitada discusión en un Congreso en campaña. Además, con una propuesta de referendo federalista que le quiere ganar espacio a esta norma.