Nepotismo, cifras maquilladas y dineros públicos: el escándalo que sacude a Edwin Palma en Air-e

Desde hace décadas, en la costa colombiana se volvió costumbre algo que no es normal. Las facturas de la luz llegan por valores astronómicos, mientras que las redes, oxidadas y obsoletas, llevan años sin mantenimiento. Casi la mitad de la energía que se consume es robada, y los ciudadanos han aprendido a lidiar con cortes de luz que duran horas. Aunque se trata de una crisis que no empezó con el presidente Gustavo Petro, a su llegada al poder, el mandatario prometió solucionar ese problema en la región que le dio el triunfo en las urnas. Después de tres años de gobierno, la situación es mucho peor que el 7 de agosto de 2022.

Para los costeños, la denominación de las empresas que han manejado la electricidad en esa región siempre ha sido sinónimo de desastre. Primero fue Corelca, luego Electricaribe y, finalmente, Air-e. Esta última fue intervenida por el actual gobierno y, el día del anuncio, el presidente ordenó enderezar las finanzas de la compañía y asegurar el servicio en una de las regiones más golpeadas por la crisis energética. Para lograrlo, nombró interventor a uno de sus hombres de confianza: el hoy ministro de Minas, Edwin Palma.

Sólo existen dos razones que motivan a un gobierno a intervenir una empresa: liquidarla o salvarla. En este caso, Petro eligió la segunda. La tarea de Palma, un líder sindical con años de reconocimiento y tradición, no era fácil. Al momento de la intervención, Air-e, una de las 40 empresas más grandes de Colombia, estaba sumida en una profunda crisis financiera. En septiembre de 2024, cuando el Ministerio de Minas y Energía dio su concepto favorable ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para la intervención de Air-e, la empresa registraba una deuda de 1,8 billones de pesos proveniente del sector oficial.