Desfalco en Apartadó con giros fantasma: así se esfumaron 3.500 millones de pesos y quedaron en duda otros 70.000
En el Urabá antioqueño se destapó un entramado de corrupción que combinó giros fantasmas con la confesión de un funcionario. Así cayó la red que habría saqueado más de 3.500 millones de pesos de las cuentas de Apartadó, y que ahora enfrenta a la justicia por el posible desvío de 70.000 millones más.
Por: Juan David Cano
El pasado 19 de septiembre la Dijín capturó al exalcalde Héctor Rangel Palacios en un operativo coordinado desde Bogotá. El hombre que había ganado dos veces seguidas las elecciones en el municipio, y que seguía moviendo hilos políticos a pesar de estar destituido, fue esposado en su propia tierra.
El golpe fue tan fuerte que en menos de 48 horas ocurrió otro hecho relevante: el extesorero de su administración Cristian Mena apareció en el comando de Policía de Urabá para entregarse.
De la gloria electoral a la destitución
Héctor Rangel había alcanzado en 2023 28.000 votos, casi el 50 por ciento de la población. Pero en enero de 2024 fue destituido. La razón: doble militancia. Aunque se inscribió con aval del Partido Liberal, hizo campaña al mismo tiempo con el movimiento Independientes, creado por Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y actual candidato presidencial.
La sanción lo tumbó, pero no lo borró. En abril de este 2025, cuando se convocaron elecciones atípicas, volvió a participar y volvió a ganar. Su nombre otra vez lideró las urnas. Sin embargo, los jueces ya habían hablado: estaba inhabilitado. Los votos no se validaron y la credencial terminó en manos de Adolfo David Romero. Rangel quedó fuera del cargo.
Los giros invisibles
Cuando Romero asumió, el empalme dejó en evidencia un hallazgo inquietante. Entre mayo de 2024 y marzo de 2025 se habían hecho 49 giros desde las cuentas oficiales por 5.554 millones de pesos. La plata había salido del municipio y llegado a empresas privadas, pero en los archivos no había un solo contrato que explicara por qué.
La Contraloría de Antioquia revisó cada caso y fue contundente: no había soportes contables, no había comprobantes de egreso, no había resoluciones. Eran giros invisibles para la contabilidad oficial. Dos empresas en particular, Fenomenal Soluciones y Logísticas Zomac S.A.S., recibieron más de 3.000 millones, pese a que solo tenía contratos registrados por 500 millones. Todo apuntaba a un mecanismo repetido: inflar pagos, duplicarlos, disfrazarlos y moverlos sin dejar rastro.
El engranaje del desfalco
Fuentes de la Fiscalía revelaron a CAMBIO la mecánica. Rangel presuntamente pedía a particulares números de cuentas bancarias. El extesorero y el secretario de Hacienda usaban tokens electrónicos para autorizar transferencias desde el recaudo de impuestos. La plata entraba en esas cuentas, se retiraba en efectivo y volvía en sobres a quienes habían ordenado la operación. Un circuito cerrado que se repitió por lo menos 50 veces, según el ente investigador.
No eran solo Rangel y Mena. También estarían involucrados Luis Arnobio Cuesta, exsecretario de Hacienda; Edison Alberto Mosquera, subsecretario contable y financiero; y dos particulares que servían como intermediarios. Todos terminaron capturados en la misma operación.
La confesión que destapó la otra parte del botín
Cuando Mena se presentó ante un juez, no intentó evadir. Reconoció que había autorizado giros indebidos y se comprometió a devolver más de 3.500 millones de pesos. Su aceptación de cargos destapó algo más: los investigadores descubrieron que el desfalco no se limitaba a solo a esos giros.
La Fiscalía abrió una nueva línea: más de 70.000 millones de pesos comprometidos a través de vigencias futuras, una figura administrativa que permite proyectar gasto de años siguientes. En este caso, se habría usado sin cumplir requisitos legales, como una fachada para comprometer recursos y desviar dineros.
El saqueo documentado
La Contraloría General de Antioquia describió el caso como un “posible esquema concertado para apropiarse de recursos públicos”. El informe detalló pagos dobles, conciliaciones bancarias omitidas y contratos inexistentes. Bajo la administración de Rangel se movieron irregularmente 2.280 millones; bajo los alcaldes encargados que lo reemplazaron, Amauri Quejada y Sara Moreno, otros 1.000 millones adicionales.
En total, el detrimento patrimonial comprobado asciende a 3.554 millones, pero las investigaciones siguen abiertas por los 70.000 que podrían estar comprometidos. La justicia apenas comienza a procesar el caso. Los capturados enfrentan cargos por peculado por apropiación y concierto para delinquir. Apartadó, que durante años se asoció con la economía bananera y con la violencia del pasado, hoy aparece en los titulares por un saqueo millonario.
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