“Los iba sacando de a dos”: testimonio revela que militares usaron finca como depósito de seres humanos para cometer ‘falsos positivos’

“Mi coronel reclutó como a 15 personas y las metió en una finca a trabajar. De esa finca sacaba de a uno o de a dos y daba resultados”. El testimonio del mayor en retiro del Ejército Nacional, Orlando Arturo Céspedes, exsubcomandante de la Fuerza de Tarea Sucre, es tan escalofriante como revelador en el marco de las investigaciones sobre la práctica criminal conocida como los ‘falsos positivos’.

La razón es aterradora: gracias a la justicia ordinaria y a la Jurisdicción Especial para la Paz, el país supo que uno de los patrones criminales en los que incurrieron las tropas en todo el país fue la de reclutar personas bajo la falsa promesa de un trabajo. Ellas se despedían de sus familiares con la esperanza de un futuro mejor al que nunca llegaban: los reclutadores los entregaban en el camino a las tropas y luego eran ejecutadas y presentadas falsamente como integrantes de grupos criminales en combates falseados.

Pero el testimonio de Céspedes trae un elemento nuevo: que las personas sí llegaban al supuesto trabajo y empezaban en efecto labores agrícolas sin saber que, en palabras coloquiales, estaban siendo almacenados, como cerdos para el matadero. El responsable de un nuevo episodio de la inhumanidad detrás de los ‘falsos positivos’ sería el coronel en retiro Luis Fernando Borja Afanador, comandante de la Fuerza de Tarea de Sucre, una de las unidades militares que más ‘bajas’ recibió y, por consiguiente, más felicitaciones por su rol.

“Más adelante mi coronel, con el tiempo, reclutó como 15 personas y las metió en una finca a trabajar. Y de esa finca pues, yo nunca tuve conocimiento, solamente sé que él lo hizo…sacaba uno o de a dos y daba esos resultados”, explicó Céspedes. El militar hizo la revelación en una versión voluntaria del 18 de julio de 2023 realizada ante el despacho del magistrado Óscar Parra, de la JEP. 

“Mi coronel Borja tuvo de 10 a 15 aproximadamente. En una finca los tenían… a unos muchachos trabajando”, insistió Céspedes quien, en la misma diligencia, quiso librarse de responsabilidad asegurando que él no tuvo relación con la finca. Así, el militar, que aún recibe pensión del Ejército, dijo que la finca quedaba en la vía a Cartagena, sin mayor detalle. Afirmó que nunca la conoció y responsabilizó a Borja de lo sucedido.

“Él empezó a maquinar, porque cada vez era más difícil dar los resultados, porque ya iba 20, después era 30, después era 40, después subió a 50, entonces ya no se conseguía gente para eso. Entonces él tomó la decisión… eso queda vía Cartagena, solamente supe eso, de resto no, porque yo salí trasladado. Eso ocurrió como en el 2008, yo salí trasladado, entonces él duró como ocho meses, que yo ya no estaba”, agregó Céspedes.

Según el militar, entonces, cuando se usó la finca para ‘almacenar’ personas para luego asesinarlas, él ya no estaba en la Fuerza de Tarea. “Se decía que no… que el coronel… montó una finca y tiene… de 10 a 15 personas ahí permanente en caso de que necesite. Pero creo que de ahí sacó dos veces nada más”, indicó al asegurar que él se enteró de esta situación por un cabo de apellido Toledo y que seguramente militares de mayor rango sí sabían lo que pasaba.

La abogada Sandra Villegas, de la firma Javier Villegas Posada, que representa a varias familiares de víctimas, le preguntó directamente a Céspedes por esta práctica de tener personas en fincas para asesinar y éste contestó:

“Sí, pero eso creo que lo hizo mi coronel Borja, en el 2008, cuando ya yo había salido trasladado. Yo escuché… creo que el cabo Toledo me lo dijo así. Yo le dije: ‘Hermano yo salí de allá, a mí no me cuente lo que están haciendo’. Pero sí, por eso fue por lo que me enteré, pero ese círculo lo tenían muy cerrado, ahí sí no sé qué digan ellos”. Céspedes dijo no saber de quién era la finca e insistió en que el coronel Borja se hablaba con el comandante paramilitar Ramón Mojana y en exculparse.  

Víctor Miguel Rangel alcanzó a avisar a su familia

Una de las víctimas de esta macabra práctica fue Víctor Miguel Rangel García, un joven que, al terminar el colegio, empezó a vender tintos en su natal Cartagena. El 13 de septiembre de 2007, con 22 años, le dijo a su hermano y a su mamá que había conseguido trabajo y agarró camino hacia una finca en Sucre. Un elemento importante acá es que, a diferencia de miles de casos, Víctor Miguel alcanzó a decirle a su familia que había llegado a la finca y estaba listo a trabajar.

Víctor Miguel estuvo al menos diez días trabajando en la finca. Esto se deduce porque el operativo en el que fue reportado como dado de baja ocurrió el 24 de septiembre de 2007 en la finca Santa Rita del sector de La Corocera de Galeras, Sucre. Su familia solo vino a saber de él en enero de 2008 por una noticia que apareció en el diario local de Cartagena. Por su crimen, en la justicia ordinaria, el coronel Borja aceptó cargos y se acogió a sentencia anticipada.

El Consejo de Estado acaba de condenar a la Nación por el hecho al acreditar que sí se trató de una ejecución extrajudicial, por lo que ordenó al Ejército Nacional ofrecer disculpas por el crimen y reconocer que el joven no pertenecía a ningún grupo armado. El abogado Javier Villegas Posada, quien representa a la familia del joven, indicó que este caso revela una práctica macabra.

“Realizó labores agrícolas mientras fue seleccionado por el coronel Borja, quien usaba la finca como un depósito de seres humanos para posteriormente ejecutarlos y mostrarlos como guerrilleros dados de baja en combate. Esta siniestra actividad, macabra, se tipificó en múltiples casos de jóvenes que estuvieron en esa finca”, denunció Villegas quien precisó que esto constituye una gravísima violación a los derechos humanos.

La sombra sobre el coronel Borja

Tanto Céspedes como el coronel Borja fueron imputados por la JEP en abril de este año junto a otros 26 integrantes del Ejército Nacional por 604 ‘falsos positivos’ en el subcaso Caribe. Se trata de una segunda fase de investigación en la región, pues, la primera, en la que se dictó la semana pasada condena, involucró solo a 12 militares del Batallón La Popa. 

La Fuerza de Tarea Sucre está en la segunda imputación que hizo la JEP. La revelación de Céspedes es clave porque involucra al coronel Borja, uno de los primeros oficiales de alto rango en hablar en la justicia ordinaria sobre lo sucedido. Lo hizo desde 2010 e incluso aceptó cargos en varios casos.

Borja aceptó 57 ejecuciones extrajudiciales perpetradas entre 2007 y 2008 y luego aseguró ante la justicia transicional y la Comisión de la Verdad que él realizó ‘falsos positivos’ incluso desde finales de los años 80, razón por la cual cree que no serían 6.402 casos como dice la JEP sino al menos 10.000 casos.

CAMBIO habló con el coronel (r) Borja quien negó los hechos. “Yo conocía cuántas víctimas iban a ser, qué patrulla los iba a asesinar y reportar como baja en combate y el área general en dónde los iban a asesinar. Eso era lo que yo sabía. Pero yo no sabía que los metían en una finca y que les daban trago: eso lo supe después en el proceso”, dijo.

Este medio le insistió a Borja por la finca y por el hecho de que este caso revela una modalidad distinta. El exmilitar, quien goza de libertad por su sometimiento en la JEP, dijo que no conocía el caso concreto. “No conozco ese caso en particular, pero sí puedo decir que, si las familias dicen eso, es porque sí ocurrió. Pero yo no tengo conocimiento. No supe a donde los llevaban. Yo conté todo a la Fiscalía desde 2010. Les entregué todo. Siempre he dicho lo que yo sabía, la verdad que yo tenía. Yo supe, después, que hubo reclutadores. Pero eso que usted me dice, la verdad no sé. Pero si lo dijo un familiar, es porque fue así”, señaló.