Primicia: Armando Benedetti será ministro de Justicia ad hoc para el caso de Álvaro Uribe y la extradición de cuatro venezolanos
Armando Benedetti, Eduardo Montealegre y Álvaro Uribe Vélez
El ministro Eduardo Montealegre se declaró impedido para actuar como cabeza del consejo directivo del Inpec en cualquier tema que tenga que ver con el cumplimiento de la condena del expresidente. También sobre procesos en los centros de conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y el caso de cuatro empresarios pedidos en extradición por el régimen de Nicolás Maduro.
Por: Mateo Muñoz
A través de un decreto del pasado 21 de septiembre, la Presidencia de la República designó a Armando Benedetti, ministro del Interior, como ministro de Justicia ad hoc para tres casos en específico: el cumplimiento de la condena penal del expresidente Álvaro Uribe Vélez, procesos en los centros de conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y los procesos de extradición de tres ciudadanos venezolanos refugiados en Colombia y solicitados por el régimen de Nicolás Maduro.
La designación de Benedetti fue hecha por el presidente Petro al aceptar el impedimento presentado por el ministro titular de la cartera de Justicia, Eduardo Montealegre, quien manifestó sus potenciales conflictos de intereses en esos tres escenarios.
En el caso de Uribe, las actuaciones administrativas en las que Benedetti actuará como ministro de Justicia son las relacionadas con su rol de cabeza del consejo directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Eduardo Montealegre ha actuado como víctima en el proceso penal que llevó a Uribe a ser condenado en primera instancia y en junio pasado, recién designado como ministro, aseguró que: “El hecho de haber sido nombrado por el señor presidente de la república como ministro de Justicia y haber tomado posesión de dicho cargo, no me priva del ejercicio de mis derechos fundamentales como ciudadano y presunta víctima”.
Montealegre también manifestó su impedimento para conocer sobre el proceso de extradición de Marianela Álvarez, Carlos Guillermo González, Óscar Leonardo Álvarez y Miguel Ángel González, cuatro empresarios venezolanos refugiados en Colombia. A este grupo se le acusa de haber desviado 82 millones de dólares destinados a la construcción de instalaciones en el estado de Zulia. Hace unos meses la Corte Suprema negó la solicitud de extradición presentada por el régimen de Nicolás Maduro, principalmente por el estatus de refugiados otorgado por la Cancillería.
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