El computador de Raúl Reyes: la evidencia que Colombia descartó y Estados Unidos usó contra Maduro

La historia judicial que hoy acorrala al régimen venezolano en los tribunales de Estados Unidos no comenzó en Nueva York ni en una sala federal del Distrito Sur. Comenzó en la selva. En pistas clandestinas, computadores incautados, correos electrónicos y memorias externas recuperadas en operaciones militares que durante años atravesaron la guerra contra las FARC en Colombia. Mientras la justicia colombiana fue cerrando algunas de esas rutas probatorias, Washington optó por seguirlas hasta el final. CAMBIO reconstruye una historia documentada a lo largo de más de dos décadas, que sugiere que la acusación —el _indictment_— contra Nicolás Maduro dice tanto de Colombia como del propio poder en Venezuela.

El primer eslabón fue la Operación Gato Negro, ejecutada en febrero de 2001 en el Vichada, durante el Gobierno de Andrés Pastrana. Allí, el Ejército golpeó al Frente 16 de las FARC, comandado por Tomás Medina Caracas, alias Negro Acacio, considerado el gran articulador del narcotráfico internacional de la guerrilla. Los hallazgos, más que de armas y cocaína, revelaron rutas hacia Venezuela, pistas protegidas y una frontera que ya funcionaba como retaguardia estratégica. Era el primer indicio documentado de una alianza transnacional que, dos décadas después, terminaría con la captura del líder del régimen venezolano: Nicolás Maduro.

Siete años después, el 1 de marzo de 2008, la Operación Fénix cambió el tablero.  Ese día, Raúl Reyes, el principal ideólogo internacional de las FARC, fue abatido en Angostura, Ecuador. Tras el bombardeo se recuperaron tres computadores, dos discos duros y varias memorias USB. El contenido era revelador: correos que detallaban sus contactos con gobiernos, flujos de dinero, estrategias políticas y vínculos con Venezuela. La revista Semana reveló en ese entonces que los archivos hablaban de una relación sostenida con Caracas. Como lo confirmaba uno de los correos que, textualmente, decía que había “una disposición del Gobierno venezolano para facilitar recursos y protección”.