Sin reparación para las víctimas: la gestión irregular de los bienes entregados por Mancuso, Don Berna y otros exjefes de las AUC

Una casa en Envigado, ligada al exjefe paramilitar Hebert Veloza, alias H.H., lleva más de 16 años sin poder usarse. Desde entonces está ocupada por particulares que viven allí sin pagar arriendo y se niegan a desocuparla. Entre tanto, a más de cuatrocientos kilómetros, dos fincas entregadas por Salvatore Mancuso en Tierralta, Córdoba, acumulan casi dos décadas sin poder monetizarse para indemnizar a las víctimas del conflicto -como lo dispone la ley-. ¿El motivo? Están siendo usufructuadas por sus antiguos victimarios, agrupados en asociaciones de desmovilizados. 

La llamativa casa que habitó Mancuso en el barrio La Castellana de Montería presenta, paradójicamente, una deuda de la propia Unidad de Víctimas y un proceso inconcluso con una congregación cristiana que la compró. Mientras tanto, la vivienda en el mismo barrio que perteneció a Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, está desvalijada y en un completo abandono. Ambos casos forman parte  de un extenso informe que la Contraloría General de la República acaba de publicar, en el que cuestiona la gestión del Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV), a cargo de la Unidad de Víctimas (UARIV), dirigida por Adith Romero Polanco.

Irregularidades administrativas, avalúos con inconsistencias, arrendatarios que durante años no han pagado y familias que desde hace décadas ocupan predios sin autorización de la UARIV: ese es el panorama que describe el ente de control fiscal en una auditoría publicada en diciembre. Se trata de bienes con que el Estado colombiano busca reparar a una parte de las 10.140.985 víctimas del conflicto armado. Una de las conclusiones centrales del informe es contundente: estas fallas están afectando el cumplimiento del deber legal de reparar a quienes padecieron décadas de masacres, desplazamientos y otras formas de violencia.