La acción popular que cuestiona el poder de Juliana Guerrero y el presunto fraude que la rodea

Juliana Guerrero, la joven de 23 años que, repentinamente y pese a su inventario de escándalos, fue ungida por el presidente Gustavo Petro con un poder extraoficial para quitar y poner ministros, ahora es el centro de una demanda que admitió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que cuestiona precisamente la presunta vulneración a la “moralidad administrativa” por el cargo que hoy la une al Gobierno, pese al presunto fraude que la ensombrece.

El magistrado Felipe Alirio Solarte notificó en las últimas horas la admisión de una acción popular que presentó la representante a la Cámara Jennifer Pedraza en la que se advierte que el presidente Gustavo Petro y el ministro de Educación, Daniel Rojas, habrían vulnerado “derechos e intereses colectivos”, al mantener a Juliana Guerrero en el único puesto que actualmente la une formalmente con el Ejecutivo: el de representante del presidente Petro en el consejo superior de la Universidad Popular del Cesar.

La demanda no se enfoca en el breve paso de Guerrero como jefe de despacho del ministro Armando Benedetti, o en los múltiples intentos del Gobierno para ponerla como viceministra de juventudes, sino en el poder decisorio que aún conserva en la Universidad Popular del Cesar, a pesar de la controversia que protagonizó con los dos títulos educativos espurios que obtuvo de la Fundación San José (contaduría pública y tecnología en gestión contable y tributaria), los mismos le fueron anulados que el pasado noviembre por una decisión unánime del consejo directivo de la institución.