¿Estado de emergencia constante? El debate sobre límites y abuso que revivió tras decisiones del presidente Petro

El Gobierno de Gustavo Petro ya hizo pública la forma como espera recaudar dinero para poder atajar los efectos de la emergencia climática que generó inundaciones en Córdoba: expidió una serie de decretos, por la vía del estado de excepción, que crea un impuesto para empresas que tienen un patrimonio superior a los 10.400 millones de pesos con una tarifa del 0,5 por ciento que sube a 1,6 por ciento para el sector bancario y el minero-energético.

Según el Gobierno, con dos cuotas que se pagarán en abril y mayo de este año, se podrán recaudar recursos que hoy no se tienen. Su argumento es que el presupuesto de 2026 destinó casi 700.000 millones para atender las contingencias y desastres que se puedan presentar, pero que estos recursos ya están apropiados y comprometidos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El decreto insiste, como lo hizo en la emergencia económica dictada a finales de 2025 que suspendió la Corte Constitucional, en que el presupuesto de este año no es suficiente, que el Congreso no quiso aprobar una Ley de Financiamiento para recaudar 12 billones de pesos y que el impacto fiscal actual es de 8,3 billones. Como no tiene maniobra, dice el decreto, no hay otro camino que hacer ajustes al impuesto al patrimonio. Es decir, no hay plata y hay que sacarla de algún lado.