La reaparición de Iván Name y Andrés Calle ante la Corte Suprema de Justicia
Desde la cárcel, Iván Name y Andrés Calle asistieron a la audiencia preparatoria de juicio por el escándalo de la UNGRD.
El 7 de mayo de 2025 la captura de Iván Name y Andrés Calle generaba revuelo nacional. Los expresidentes de Senado y Cámara eran escoltados por agentes de policía judicial adscritos a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que consideró necesarios detenerlos mientras seguía la investigación por el escándalo de desvío de recursos de la unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD).
A meses de cumplirse un año de su captura, Name y Calle están ahora en juicio. Este 5 de marzo de 2026, los congresistas reaparecieron en cámaras desde la cárcel en la que están detenidos ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Con baja calidad de internet y de imagen, Name y Calle usaron las herramientas que permite Teams para ocultar el frio y gris recinto en el que estaban ubicados para atender la diligencia.
Name, de 68 años, está visiblemente cambiado: ojeras pronunciadas, una barba descuidada que aún no es completamente canosa y un semblante más cansino fue evidente en la diligencia. Calle de apenas 34 años, no está muy diferente a cómo se le veía constantemente en la Cámara de Representantes.
Ambos asistieron a una audiencia preparatoria de juicio en la que la Sala de Primera Instancia dio a conocer que negó la petición de sus defensas para que se anulara el caso y se ordenaron una serie de pruebas y testimonios para el juicio oral. La defensa de Calle apeló algunas de estas pruebas por lo que la Sala Penal de la Corte Suprema deberá pronunciarse al respecto.
Entre tanto, Name y Calle seguirán presos. La Corte le ha negado a ambos la posibilidad de quedar en libertad insistiendo en la necesidad de su reclusión.
Name y Calle fueron llamados a juicio por supuestamente aceptar un compromiso remuneratorio, consistente en 3.000 y 1.000 millones de pesos respectivamente, a cambio de favorecer iniciativas legislativas de interés del Gobierno en el Congreso, una actuación que es delito así no hayan ‘cumplido’ con su parte del trato ilegal.
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