Una década después del Acuerdo de Paz: los retos que heredará el próximo presidente
La disparidad en la implementación se acentúa aún más al incorporar variables como el enfoque étnico y de género
La implementación del acuerdo ha avanzado de forma desigual, ante la reconfiguración de la violencia en las regiones. El próximo mandatario recibirá un proceso marcado por avances significativos, deudas con las víctimas y promesas incumplidas, cuyo rumbo podría quedar expuesto a la contienda electoral y a las decisiones del nuevo inquilino de la Casa de Nariño.
Por: Jonathan Beltrán
El lunes 26 de septiembre de 2016, el entonces presidente Juan Manuel Santos y el exlíder guerrillero Rodrigo Londoño firmaron el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las extintas Farc con un ‘balígrafo’ creado con proyectiles de fusil. Bajo el sol cartagenero, 2.500 personas presenciaron en el Centro de Convenciones el evento con el que se selló la primera etapa de un proceso orientado a cerrar un capítulo de más de 50 años de conflicto armado en Colombia.
Desde entonces, han pasado casi 3.500 días en los que la promesa de una paz estable y duradera ha avanzado de forma desigual. Mientras algunos compromisos muestran resultados destacados, otros puntos clave permanecen rezagados en un contexto marcado por la reconfiguración de los actores armados y nuevas dinámicas de violencia en el territorio.
El más reciente informe del Kroc Institute for International Peace Studies, designado desde 2016 para hacer seguimiento tras la firma, revela que poco más del 35 por ciento de las 578 disposiciones incluidas en el Acuerdo han sido implementadas en su totalidad. Cerca del 60 por ciento de los lineamientos presentan un avance intermedio o mínimo y aún hay 50 puntos que no han iniciado su ejecución.
Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), explica en diálogo con CAMBIO que buena parte de los rezagos responden tanto a fallas de diseño como a limitaciones estructurales del Estado para ejecutar lo pactado. En ese sentido, sostiene que programas clave como los de desarrollo con enfoque territorial (PDET) enfrentan una implementación fragmentada.
“Hacer efectivos esos proyectos, darles financiación, lograr que se implementen en zonas históricamente afectadas por el conflicto ha sido un reto complejo. Desde el diseño de muchas de esas iniciativas, se han presentado problemas para poner de acuerdo a entidades en un sistema burocrático, denso y limitado”, explica la investigadora.
Una implementación a medias: avances, rezagos y promesas incumplidas
Diez años después de la firma, el balance de la implementación muestra un panorama en el que avances puntuales conviven con rezagos estructurales que siguen sin resolverse. Para Elizabeth Dickinson, analista senior de International Crisis Group, uno de los logros más destacados desde 2016 ha sido la reincorporación de los firmantes de paz, un avance alcanzado en buena parte por el compromiso de la mayoría de los firmantes.
A ese balance se suma, según Dickinson, el avance en materia de tierras durante el gobierno de Gustavo Petro. La disponibilidad y titulación de predios para víctimas y comunidades rurales ha sido uno de los énfasis de la actual administración, con resultados que, aunque limitados por restricciones presupuestales y la reducción de la cooperación internacional, marcan un progreso frente a uno de los puntos más sensibles del acuerdo.
Un informe reciente de la Unidad de la Implementación del Acuerdo de Paz detalla que durante el actual Gobierno se han formalizado más de 1,8 millones de hectáreas y se han restituido más de 621.000 hectáreas a comunidades étnicas. Sin embargo, estos avances contrastan con dificultades en la asignación y uso de los predios, y problemas de coordinación institucional para garantizar la sostenibilidad de proyectos agrarios.
“Es muy importante también seguir adelante con la JEP. Tiene un valor muy significativo para las víctimas y también para el éxito del proceso en su totalidad. Es un mecanismo reconocido a nivel internacional, por consolidarse como un ejemplo de cómo se puede incentivar la desmovilización, con aportes a la verdad y a la justicia”, explicó Dickinson, en diálogo con CAMBIO.
Para Luis Felipe Vega, miembro del grupo de investigación de Conflictos y Paz de la Universidad Javeriana, resultaba previsible que la implementación siguiera rezagada en el último cuatrienio por la magnitud del acuerdo y los cambios estructurales que exige. Frente a esas limitaciones, el analista sostiene que el principal reto ha sido la falta de capacidad del Estado para traducir lo pactado en políticas públicas sostenidas en el tiempo, con presencia efectiva en los territorios y articulación entre instituciones.
La mutación de la violencia en los territorios
En los primeros meses del año, la violencia volvió a instalarse en los territorios con cifras que rompen la tendencia reciente. En lo corrido de 2026 se han registrado al menos 35 masacres que dejan 133 víctimas, un repunte que convierte a este en el año con más casos de este tipo desde la firma del Acuerdo de Paz. El contraste es evidente: en el primer trimestre del año pasado se documentaron 15 masacres. Detrás de los números, se evidencia una reconfiguración de las dinámicas del conflicto, con nuevos y viejos actores armados en el escenario.
Uno de los casos que refleja este deterioro es Buenaventura, donde la Defensoría del Pueblo ha alertado por el aumento de homicidios en el primer semestre del año. En este distrito portuario, históricamente golpeado por la violencia, las disputas entre grupos armados y economías ilegales han reconfigurado los riesgos para la población, en un escenario donde las alertas tempranas vuelven a encenderse.
Desde esa ciudad, el líder social Leonard Rentería, quien en 2016 se opuso a la campaña del ‘No al Plebiscito’ y desde entonces ha defendido la implementación del acuerdo, lidera una emisora de paz en la que promueve iniciativas comunitarias. Desde los micrófonos, insiste en la importancia de consolidar espacios de convivencia como una forma de arraigo y resistencia en un territorio en el que cada cuatro días se registra un asesinato.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, explica que tras la firma del Acuerdo se ha consolidado un proceso de reconfiguración y expansión de estructuras armadas ilegales que ha redefinido el mapa del conflicto. Muestra de ello es el crecimiento del Clan del Golfo, que pasó de tener presencia en 213 municipios en 2019 a 429 en 2025. “Defender la paz en Buenaventura es una forma de amar el territorio, pero no es fácil cuando la violencia sigue marcando la vida cotidiana”, detalla al respecto el líder social vallecaucano.
En ese contexto de escalada continua de la criminalidad, el analista de las violencias organizadas y exdelegado para Arauca de la Oficina del Comisionado de Paz, Luis Eduardo Celis, sostiene que habitar regiones atravesadas por el conflicto se ha convertido en un acto cotidiano de resistencia. “Aunque el Acuerdo de Paz abrió una oportunidad histórica para desactivar causas estructurales de la guerra, como la desigualdad en el accesoa a tierra y la exclusión política, las dificultades de su implementación han derivado en el reciclaje de violencias”, detalla.
Los desafíos del Acuerdo de Paz que heredará el próximo Gobierno
El próximo presidente llegará a la Casa de Nariño con una tarea que no admite aplazamientos: retomar y encauzar la implementación del Acuerdo de Paz en un contexto más adverso que el de su firma. Independientemente de su postura frente a lo pactado, el texto establece que los mandatarios de turno tienen que asumir los compromisos como una política de Estado en marcha, con compromisos jurídicos y políticos que trascienden a los gobiernos.
La subdirectora de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), Laura Bonilla, plantea que uno de los retos más complejos seguirá siendo el de las garantías de no repetición y el desmonte de las estructuras armadas. En ese sentido, la investigadora advierte que el país aún carece de herramientas claras para enfrentar estas estructuras y que temas clave como el rol de la fuerza pública, el mejoramiento de sus capacidades y la reforma del sector seguridad quedaron por fuera de la discusión de fondo.
“Por otra parte, los resultados de las elecciones podrían ser muy dramáticos para la continuidad de la JEP. Lo que se ha logrado en estos diez años en materia de justicia transicional es impresionante, aunque siempre estos procesos van a dejar deudas con las víctimas (...) Si llega un Gobierno de extrema derecha, se podría volver a una implementación muy limitada y a contracorriente, como la ejecutada en el Gobierno de Iván Duque”, advierte Bonilla.
En esa misma línea, Gerson Arias, subdirector de la Fundación Acordemos, señala que entre los rezagos que deberá asumir el próximo Gobierno están la redefinición del enfoque frente a los cultivos de uso ilícito, el avance en la implementación de programas focalizados en los territorios y el impulso a medidas de reparación colectiva. “Es importante que el próximo Gobierno, más allá de su corriente política, le asigne un lugar prioritario al Acuerdo de Paz en su arquitectura institucional”, insiste.
Líderes sociales, investigadores y miembros de organizaciones de la sociedad civil consultados coinciden en que el gobierno de Gustavo Petro logró avances en frentes específicos y mantuvo el acuerdo en el centro de su discurso. Sin embargo, advierten que buena parte de lo pactado sigue en veremos y que los rezagos acumulados configuran un escenario exigente para el próximo mandatario.
Casi una década después de ese día en el que Rodrigo Londoño interrumpió su discurso en Cartagena, sobresaltado por el paso de un avión de la Fuerza Aérea que evocaba los bombardeos sobre los campamentos guerrilleros, el país sigue lejos de cerrar el capítulo del conflicto interno. El acuerdo se proyecta como un tema inevitable en la contienda electoral y, aunque se trata de un compromiso de Estado con respaldo constitucional e internacional, varios de los candidatos que aparecerán en el tarjetón han anticipado posturas críticas frente a varios de los puntos más sensibles del texto.
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