Con su nueva delantera para la salud, ¿se habrá hecho un autogol el presidente?

Una de las mayores habilidades de Gustavo Petro en las elecciones de 2022 fue su capacidad para sintonizarse con las preocupaciones de los colombianos en ese momento. Así capitalizó el ‘estallido social’, un movimiento espontáneo que exigía cambios inmediatos para reducir las desigualdades y abrir oportunidades laborales y educativas en especial a la juventud. Eso lo catapultó a la Presidencia.

Hoy, los colombianos sienten que el problema más agobiante es la salud. En una reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para CAMBIO, el 36,2 por ciento considera que debe ser la prioridad del próximo presidente, mientras que para el 23,3 por ciento es acabar con la corrupción, y para el 12,5 por ciento combatir el avance de las bandas criminales.

La preocupación por el estado actual del sistema de salud supera otros temas que históricamente han dominado la agenda en época electoral, como la corrupción, el desempleo, la inseguridad y el narcotráfico.

Durante esta semana, Petro conformó el equipo que deberá hacer frente a una crisis que está en cuidados intensivos. Lo hizo justo cuando se entra en la recta final de la campaña electoral en la que se decidirá si los electores dirán sí o no a la continuidad del proyecto progresista.

El exalcalde de Medellín y exaspirante presidencial Daniel Quintero es el nuevo superintendente nacional de Salud. El exalcalde de Cali y exembajador ante Palestina, Jorge Iván Ospina, asume como interventor de la Nueva EPS. 

Ambos nombramientos fueron sorpresivos y polémicos. Se produjeron, además, en momentos en que Fecode realizaba un paro contra el Gobierno nacional en rechazo al modelo de salud del magisterio (FOMAC), que en su momento tanto el presidente Petro como el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo presentaron como el que se implantaría para el resto de los colombianos.

Fecode, impulsor y aportante de la campaña de Petro, sostiene que este difiere de lo que esperaban y que la muestra es que hoy naufraga en la ineficiencia, lo que se refleja en demoras en la asignación de citas médicas, interrupción de tratamientos y limitaciones en la cobertura de servicios.

Mientras los educadores estaban en las calles, Jaramillo debió comparecer ante la Corte Constitucional por un incidente de desacato, ante el presunto incumplimiento de órdenes judiciales sobre el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor anual que el Estado reconoce a las EPS por cada afiliado para cubrir los servicios de salud. En este espacio, el ministro aseguró que el sistema no enfrenta una crisis por falta de recursos, sino por problemas en el manejo del dinero y en la administración en la que los responsables, concluye, son los privados que tomaron a la salud como un botín.

Ausencia de empatía

Además de la discusión técnica, el ministro y el presidente han sido criticados por su falta de empatía en situaciones dramáticas como la del niño de siete años Kevin Acosta, quien murió esperando un medicamento para la hemofilia. En ese caso, ambos responsabilizaron desde un consejo de ministros, los medios públicos y sus redes sociales, a la madre por haberlo dejado montar en bicicleta.

“El cuidado de la salud de Kevin era responsabilidad del sistema de salud, que no tuvo la capacidad de hacer todo lo necesario para cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales”, dijo la defensora del Pueblo, Iris Marín, sobre un hecho que simboliza trágicamente la crisis. La Procuraduría, por su parte, concluyó en un informe detallado que el niño “murió por negligencia de la Nueva EPS”, entidad que atiende a 11 millones de afiliados.

La administración de la Nueva EPS está en manos del Gobierno desde su intervención del 3 de abril de 2024. Petro ha intervenido durante su mandato a ocho EPS, lo que se traduce en que debe responder por la atención directa —desde la parte administrativa hasta la atención— de 23 millones de afiliados.

Es difícil que pase un día sin que se conozca una historia sobre la no entrega de medicamentos, el desorden en las citas o la falta de camas. Lo más grave son las muertes de pacientes como el pequeño Kevin o la señora Cecilia Quintero, de 70 años, quien murió en un dispensario de Cúcuta, ante las cámaras de televisión, mientras esperaba las medicinas para ella y su hijo discapacitado.

Por la sensibilidad del tema, se espera que quienes están al frente sean funcionarios incuestionables y que tenga una sensibilidad especial ante el drama tanto de los pacientes como de sus familiares. ¿Es el caso de este nuevo equipo? A favor de Ospina está su conocimiento del sector. Es médico cirujano graduado en Cuba y cuenta con una especialización en gestión de la salud.

Ospina pide una oportunidad

“Denme un chance, porque de esto yo sé”, dijo ante la lluvia de críticas por su nombramiento. Para él, es urgente que lo dejen trabajar, dada la complejidad de la situación actual: “Las personas están sufriendo daños por la falta de una atención oportuna”, afirmó, lo que, según explicó, exige un “plan de choque” en el que no se puede perder un segundo.

Sin embargo, entró con roces con Jaramillo. Al referirse al monto de la UPC, por ejemplo, dijo: “No creo que alcance; creo que debe ser diferenciada”, al tiempo que la calificó como “insuficiente” y argumentó que el envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades crónicas elevan los costos del sistema. “Nuestra población tiene cada vez más adultos mayores y eso significa más demanda de servicios”, señaló Ospina.

“El doctor no es la persona adecuada para decir si hay suficiencia o no”, lo frenó en seco Jaramillo. El problema no es solo de puntos de vista financieros. También está en curso una investigación del Ministerio Público para determinar si la Superintendencia Nacional de Salud incurrió en irregularidades en el trámite de la prórroga por un año de la intervención de la Nueva EPS.

Según la información, de las últimas horas, la Procuraduría verifica si se cumplieron los procedimientos técnicos exigidos o si se vulneró el debido proceso administrativo para esta decisión. Además, desde el punto de vista personal, Ospina —según un memorando interno de esa entidad del 10 de abril— no cumpliría con todos los requisitos exigidos para el cargo. Es decir, antes de enfrentar uno de los problemas más graves del país, no hay certeza de si puede siquiera asumir el cargo.

Los desafíos frente a la Nueva EPS son enormes. El rezago en el procesamiento de cuentas médicas pasó de 5,7 billones de pesos en abril de 2024 a 14,9 billones en diciembre de 2025. A su vez, las cuentas por pagar a clínicas y hospitales aumentaron un 24 por ciento, alcanzando los 26,09 billones de pesos.

El impacto de esta situación apenas se evaluaba cuando se anunció la llegada de Quintero como superintendente nacional de Salud, lo que agudizó la controversia. No solo por sus efectos en la campaña electoral, sino por las críticas desde la oposición y desde el propio sector del Gobierno.

La administración de Quintero en Medellín acumula 55 imputaciones en la Fiscalía por presuntos hechos de corrupción. Además, enfrenta cargos por presunto prevaricato y peculado en el caso ‘Aguas Vivas’, un hecho de presunta corrupción urbanística durante su mandato en la capital de Antioquia.

El impacto político

El impacto de estos nombramientos ni siquiera fue bien recibido dentro del oficialismo. “Es una equivocación”, dijo el concejal petrista José Luis Marín, en Medellín, sobre Quintero. “No puede ser”, afirmó Ana Erazo, representante electa por el Pacto Histórico en el Valle, sobre la designación de Ospina.

La decisión tiene también efectos políticos en varios frentes. En la campaña, afecta directamente a Roy Barreras, con quien Quintero participó en la consulta del Frente por la Vida. Según la ley, quienes pierden una consulta presidencial deben respaldar al ganador.

Sin embargo, su designación lo saca de este escenario, dejando solo a Barreras. Así se evidencia una mayor distancia del exembajador en el Reino Unido con la Casa de Nariño. Para Barreras, el problema es otro: asegura que, en su condición de médico con 20 años de experiencia en hospitales públicos, le preocupa que en medio de la crisis se nombre a alguien sin trayectoria en salud pública en referencia a su antiguo compañero de lucha.

¿Cuál es la lectura política? Petro busca evitar que votos se desvíen hacia Barreras cuando su candidato es Cepeda, quien representa la continuidad de su proyecto. “A mí realmente no me afecta electoralmente”, dijo Barreras. “Los 200.000 votos que obtuvo Quintero provienen de sectores del petrismo que me odian, que intentaron derrotarme en la consulta, y no lo lograron”.

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y de Desastres, UUNGRD, calificó el nombramiento como “fatal” que “hace retroceder el proyecto político” y  suministra “gasolina a la oposición” en un momento tan crucial.

En este pulso, se prevé una confrontación fuerte. De hecho, Quintero ya respondió calificando a Carrillo de “inepto” y “descuidado”, y añadió: “Hay cosas sucias y oscuras debajo de esas barbas”.

Salud y corrupción

Aquí se mezclan dos problemas: la crisis de la salud y la corrupción, un tema que, según críticos, el Gobierno no ha logrado resolver. En palabras de Carrillo, la corrupción “ha corroído las estructuras políticas, hasta normalizarse y considerarse inevitable”.

Desde otros sectores también democráticos, el rechazo es enorme. Daniel Carvalho, representante independiente a la Cámara por Antioquia, señaló que “el nombramiento del exalcalde de Medellín en una entidad clave en medio de la crisis no es un error, es la confirmación de una ruina ética”. 

El analista Gabriel Cifuentes cree que estos nombramientos también impactarán la campaña de Iván Cepeda, quien lidera las encuestas. “Le hace daño”, afirma. Aunque aclara que no afectará a la base más fiel, sí podría influir en votantes indecisos o de centro. “El silencio de Cepeda ante estas decisiones no le ayuda”, añade el experto.

La controversia surge cuando se evalúa un sector que, según varios análisis, ha retrocedido. Un reciente artículo del British Medical Journal, uno de los medios más respetados e influyentes del sector, concluye que las políticas de Petro “destruyeron” el sistema de salud colombiano, generando retrasos, escasez de medicamentos y cierre de servicios.

El autor recuerda que Colombia tenía alta cobertura, bajo gasto de bolsillo y hospitales destacados en la región. Incluso, The Lancet ubicó al país como el segundo mejor sistema de salud de Latinoamérica. Sin embargo, describe que con Petro surgieron problemas como filas, cirugías pospuestas y colapso en urgencias porque se privilegió la ideología que la planificación técnica.

Desde el oficialismo, se argumenta que el presidente sí ha intentado avanzar para entregar soluciones pero que se ha encontrado con los obstáculos de un Congreso reaccionario que impide cualquier avance. Por eso, explican, el Gobierno ha debido recurrir a decretos e intervenciones. Como resultado, cerca del 60 por ciento de los recursos del sistema está hoy bajo control del Ejecutivo, lo que, según la revista británica, habría agravado la situación financiera.

En medio de este panorama, y con la campaña en ebullición, la nueva delantera para enfrentar la crisis será Quintero, Jaramillo y Ospina. ¿Funcionará? ¿Se habrá hecho un autogol el presidente?