El equipo que Colombia contrató para sacar a Petro de la lista negra de Estados Unidos
Un líder judío estadounidense, un exagente de la CIA y un excolaborador de Trump forman el equipo de 'lobby' de una firma británica contratada por Colombia para gestionar la salida del presidente Petro de la lista de la OFAC.
Por: Redacción Cambio
En El Reporte Coronell de este miércoles 15 de abril de Caracol Radio se reveló la identidad de los tres hombres que trabajan en Washington para retirar al presidente Gustavo Petro, a su exesposa Verónica Alcocer y a su hijo Nicolás de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como OFAC o lista Clinton.
El equipo fue vinculado a través de la firma Curvus Strategic Partners PLLC, con sede en Florida, que a su vez fue subcontratada por la compañía británica Amadeus Limited. Esta última recibe del gobierno colombiano cerca de 10.000 millones de pesos, unos 2,7 millones de dólares, para adelantar estas gestiones, según reveló El Colombiano y amplió Caracol 6 AM W.
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— Daniel Coronell (@DCoronell) April 15, 2026
El abogado Daniel Kovalik, quien declaró públicamente en Blu Radio que defendería al mandatario de forma gratuita “por la causa”, es el enlace visible de este esquema. Sin embargo, el reporte señala que Kovalik, aunque reconocido en círculos sindicales, no tiene el perfil ni los contactos necesarios para mover fichas en los pasillos del poder en Washington.
El primer nombre clave dentro del equipo real es Rob Garson, abogado con doble licencia en Reino Unido y Estados Unidos, descendiente de una familia sefardí de Gibraltar.
El segundo integrante es Joseph J. Forcier II, veterano de la CIA que hasta hace poco dirigió la estación de esa agencia en Kuwait, desde donde coordinó operaciones de inteligencia sobre Oriente Medio.
El tercer nombre es Abe E. Goldschmidt, exfiscal de Miami que participó en la primera campaña electoral de Trump y fue nombrado asistente especial en su primer gobierno, con acceso a información de seguridad nacional.
El monto que Amadeus le paga a estos operadores políticos permanece en reserva. Los documentos registrados ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos tienen el valor del contrato deliberadamente oculto, lo que impide conocer cuánto del dinero de los contribuyentes colombianos termina en manos de estos lobistas.
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