Finagro traslada caso de Juan José Lafaurie Cabal a Contraloría

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) puso en conocimiento de la Contraloría General de la República posibles irregularidades en el crédito y subsidio otorgados a Juan José Lafaurie Cabal como “pequeño productor”, de acuerdo con lo revelado por el Reporte Coronell.

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Según El Reporte Coronell, Lafaurie Cabal accedió a un crédito preferencial por 400 millones de pesos, respaldado en un 80 por ciento por el Fondo Agropecuario de Garantías. Además, habría recibido un subsidio del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) por más de 95 millones de pesos, es decir, cerca de una cuarta parte del monto total.

De acuerdo con Coronell, Finagro confirmó que trasladó el caso a la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario y está a la espera de una respuesta del organismo de control.

Hallazgos de la auditoría externa

Según el Reporte Coronell, las alertas se desprenden de una auditoría externa contratada por la entidad con la firma RentHabilidad RH, cuyo objetivo era verificar el destino de los recursos y el cumplimiento de las condiciones del crédito. Parte de ese informe, citado por Coronell, señala inconsistencias en la documentación presentada por el beneficiario.

Uno de los principales hallazgos tiene que ver con la propiedad del predio. Según el reporte, mientras Lafaurie Cabal habría asegurado ser dueño del terreno al momento de solicitar el crédito, la auditoría encontró que el inmueble pertenecería a una sociedad vinculada a su familia.

Inconsistencias en la propiedad y el contrato

Según lo publicado por Coronell, posteriormente se presentó un contrato de comodato para justificar el uso del predio. Sin embargo, ese documento también tendría inconsistencias: la sociedad que figura como otorgante no coincidiría con la propietaria del terreno y el acuerdo incluiría condiciones sobre utilidades y mejoras, lo que pondría en duda su carácter gratuito.

Para el reporte, estos elementos abren interrogantes sobre quién es el beneficiario real del proyecto, pues los recursos destinados a un pequeño productor podrían estar favoreciendo a una estructura empresarial de mayor tamaño.

A esto se suma un segundo punto advertido por la auditoría, relacionado con la viabilidad financiera del proyecto. El plazo del crédito, de tres años, no sería compatible con el ciclo productivo de la palma de aceite, lo que generaría un desajuste entre los ingresos esperados y las obligaciones de pago.

La estructuración del crédito estuvo a cargo de la firma Open Loans. Desde la compañía señalaron que, tras sus revisiones, no encontraron inconsistencias y que cualquier explicación sobre el diseño del crédito corresponde a Finagro.

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Lo que sigue en el caso

El caso también podría tener implicaciones adicionales. Según El Reporte Coronell, las autoridades deberán establecer si en la solicitud del crédito se incluyó información inexacta, particularmente en lo relacionado con la propiedad del predio.

Por ahora, será la Contraloría la que determine si hubo irregularidades en la asignación de estos recursos públicos.