Los hechos por los que le imputarán cargos a Ricardo Roa como gerente de la campaña de Gustavo Petro

La nueva audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, llega como coletazo de un capítulo previo. Se relaciona con el que cerró el Consejo Nacional Electoral, a finales de noviembre de 2025, cuando sancionó a la campaña de Gustavo Petro por violar los topes de gasto de 2022 y por financiación prohibida. En ese documento, se ordenó compulsar copias de la investigación financiera a la Fiscalía para que investigara la eventual responsabilidad penal. Esa determinación terminó empujando el caso al terreno penal. Pero la Fiscalía hizo un recorte: decidió que, por ahora, la imputación contra Roa solo se concentrará en el exceso de gasto y dejará en suspenso el capítulo de financiación con fuentes prohibidas. 

Eso significa que el miércoles no se discutirán la gran cantidad de irregularidades que el CNE puso sobre la mesa. No se abordará, por ahora, la discusión completa sobre el origen de ciertos recursos, ni las preguntas sobre quién puso parte del dinero que entró a la campaña. Tampoco las operaciones que la autoridad electoral consideró ajenas a las reglas. Lo que la Fiscalía llevará a la audiencia ante el juez de garantías es un cargo más delimitado, pero no menor: que Roa, como gerente de la campaña, permitió, o no evitó, que esa aspiración presidencial gastara por encima de lo autorizado por la ley. En otras palabras, que la campaña se movió con más dinero del que legalmente podía usar. 

La violación de topes que la Fiscalía sustentará se concentra en varios frentes de gasto que, al ser contrastados con soportes externos, evidenciaron una contabilidad incompleta. El primero es el de testigos electorales, una de las estructuras más costosas de la jornada electoral. Según la ponencia del CNE, ese componente –que abarca logística, coordinación y operación el día de la votación– no se reportó de manera completa en los informes oficiales de la campaña, aunque implicaba una movilización nacional que debía reflejarse en los topes. A ese rubro se suman gastos asociados a transporte aéreo, entre ellos el uso de aeronaves durante la campaña, cuyos costos no aparecen con claridad en la contabilidad presentada. También figuran eventos masivos y actividades proselitistas que, según el cruce de información hecho por el CNE, tuvieron un costo superior al registrado o no fueron incorporados en tiempo real en los reportes.