Procuraduría abrió indagación por presuntas interceptaciones ilegales contra Abelardo de la Espriella
El ente de control abrió indagación previa contra funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia por las presuntas interceptaciones ilegales al candidato presidencial. Además, verifica si dichas actuaciones contaban con respaldo judicial.
Por: Redacción Cambio
La Procuraduría General de la Nación anunció que abrió una indagación previa contra funcionarios, aún sin determinar, del Departamento Administrativo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), tras denuncias sobre supuestas interceptaciones telefónicas ilegales al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.
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La decisión fue adoptada por la Sala Disciplinaria de Instrucción, que busca establecer si servidores públicos incurrieron en irregularidades al recolectar información de inteligencia. De acuerdo con la Procuraduría, la actuación es motivada debido a las versiones difundidas por medios de comunicación, según las cuales funcionarios de la DNI habrían elaborado informes basados en una conversación del candidato con los hermanos Bautista, principales accionistas de la empresa Thomas Greg & Sons.
Según lo en los medios de comunicación, los funcionarios habrían generado “informes de inteligencia sobre una conversación de Abelardo de la Espriella con los hermanos Bautista, máximos accionistas de Thomas Greg & Sons, empresa que apoya en la logística de las elecciones”.
Las interceptaciones contra Abelardo de la Espriella habrían sido legales
Como parte de las primeras actuaciones, el ente de control ordenó escuchar en declaración al entonces director de la DNI, Wilmar Mejía. En el marco de la noticia disciplinaria, el exfuncionario habría reconocido la existencia de interceptaciones, conocidas popularmente como “chuzadas”, aunque aseguró que estas se realizaron bajo amparo de una orden judicial.
Ante lo asegurado por Mejía, la Procuraduría dispuso verificar, con el apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, si efectivamente existió una autorización judicial que respaldara dichas actividades. Este elemento será determinante para establecer si las acciones se desarrollaron dentro del marco legal o si, por el contrario, podrían constituir faltas disciplinarias.
La indagación previa tiene como propósito delimitar los hechos, identificar a los posibles responsables y evaluar la eventual incidencia disciplinaria de las conductas investigadas. Para ello, la Procuraduría decretó la práctica de pruebas que permitan esclarecer las circunstancias en las que se habrían producido las interceptaciones.
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