¿Qué es verdad y qué es mentira sobre los pasaportes en el acta de la Procuraduría y en la respuesta del Gobierno?

El pasado domingo, CAMBIO reveló el acta de una inspección que hizo la Procuraduría a la Imprenta Nacional que dejó al descubierto una grieta central en el nuevo modelo de pasaportes: mientras el Gobierno defiende el convenio con la Casa de la Moneda de Portugal como una apuesta de soberanía, transferencia tecnológica y fortalecimiento de capacidades del Estado, el documento muestra que varias obligaciones básicas del contrato no se están cumpliendo como fueron pactadas. 

Tras la publicación, respondieron el presidente Gustavo Petro y la presidenta de la Imprenta, Viviana León, quien sostuvo que el convenio no buscaba contratar a un proveedor privado ni comprar libretas en el mercado ordinario, sino implementar un modelo de cooperación pública internacional para transferir capacidades tecnológicas, productivas, operativas y de custodia al Estado colombiano. Pero esa explicación no borra el punto de fondo: la Procuraduría encontró que la participación de IN Groupe no aparece formalmente sustentada ni aprobada por escrito, que no existen informes mensuales de ejecución y que el protocolo integral de cadena de custodia aún estaba en borrador. Es decir, la discusión no es semántica –si el modelo se llama cooperación, transferencia o soberanía–. Es más básica: qué dice el convenio, qué debía estar listo y qué no estaba cuando el organismo de control fue a buscarlo.

“El convenio cuestionado no tuvo por objeto contratar a un proveedor privado para imprimir pasaportes, ni adquirir libretas en el mercado ordinario. Su finalidad es implementar un modelo de cooperación pública internacional orientado a transferir progresivamente al Estado colombiano”, dice la Imprenta en el comunicado de prensa. Pero la entidad no respondió lo básico sobre el incumplimiento de las cláusulas.