Roy Barreras admite que soltar a jefes criminales “va a producir resultados electorales” favorables para Iván Cepeda

En una entrevista con Los Danieles, el candidato presidencial Roy Barreras reconoció que la decisión del Gobierno de suspender las órdenes de captura contra 23 jefes de estructuras criminales del Valle de Aburrá tendrá un efecto electoral favorable para el candidato presidencial Iván Cepeda, aunque se distanció de quienes sostienen que esa fue la intención desde el principio.

Cuando Daniel Coronell le preguntó directamente si la liberación de esos cabecillas tenía el propósito de conseguir una mejor votación en Antioquia para el candidato del Gobierno, Barreras respondió con cautela: “Yo creo que va a producir resultados electorales, lo que no significa que hayan planeado todo el ejercicio de la Paz Total con ese objetivo”.

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El candidato explicó que Cepeda no tiene responsabilidad en el asunto y lo describió como “un defensor auténtico de derechos humanos” y “un hombre honesto y austero”, pero sí reconoció que la medida constituye un error de método.

Según explicó, a los grupos criminales les conviene el fracaso de la Paz Total porque les garantiza impunidad y crecimiento. “A ellos sí les conviene que se mantenga el statu quo, pero eso no significa ni mucho menos que esa sea una estrategia de campaña. Eso ocurre de manera casi natural. Si a usted no lo persiguen, pues usted quiere seguir en lo mismo”.

En la entrevista, Barreras describió cómo operan estas estructuras en la práctica electoral. Primero ejercen mecanismo de presión ante los ciudadanos, luego recogen las cédulas y las entregan en el registro electoral para beneficiar a un candidato en específico. “Nosotros queremos que se cumpla la legitimidad del Estado de derecho, que se persiga a los delincuentes, y que si se les va a ofrecer generosamente algún sometimiento a la justicia, la sociedad tenga garantías de que van a dejar algún día las armas y el crimen”.

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El gobernador de Antioquia anuncia demanda de nulidad

La polémica por la decisión de la Fiscalía de suspender las órdenes de captura también fue abordada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien anunció que presentará este lunes una demanda de nulidad con solicitud de medida cautelar de urgencia ante el Consejo de Estado.

“Petro y la Fiscal liberan criminales, vulneran la justicia, a las víctimas, a jueces, fiscales, policías y soldados que han arriesgado su vida por capturarlos. Construyen una autopista de impunidad en la que transitan jefes de combos criminales”, escribió Rendón al anunciar la acción legal.

El gobernador calificó la resolución como un “acto administrativo con vicios graves” que vulneró principios constitucionales como la legalidad, la separación de poderes y el derecho de las víctimas al acceso a la justicia, y señaló que algunos de los beneficiados tienen condenas por desaparición forzada, homicidio, extorsión y desplazamiento.

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“Hemos padecido las consecuencias de esa decisión del Gobierno de Petro y de la fiscal. Y yo me pregunto: ¿qué información, que aún no conocemos los colombianos luego de casi dos años, contienen los dispositivos incautados a Calarcá, que explica el trato complaciente que ha recibido este bandido por parte del Gobierno nacional?”, cuestionó Rendón.

La resolución 0072, firmada el 31 de marzo por la fiscal Luz Adriana Camargo, tiene una vigencia de seis meses y no aplica en casos de graves violaciones a derechos humanos ni frente a órdenes con fines de extradición. Según el Gobierno, la medida busca facilitar la participación de los voceros en las mesas de diálogo del Espacio de Conversación Sociojurídico de Itagüí.